Comisión consagra derecho a la protección de la salud y libertad sindical

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Concluyendo con las votaciones de las normas de su competencia, en primer término, las y los consejeros de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, aprobaron una nueva Unidad de Propósitos (UDP) de las bancadas de derecha, referida al derecho a la protección de la salud.

La norma -aprobada por 9 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención- consigna el derecho a la protección de la salud en sus dimensiones física y mental.

Además, establece, entre otros puntos, que:

El Estado protege el libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación y cuidado de la salud, prevención de enfermedades y de rehabilitación de la persona, en todas las etapas de la vida.
Es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, podrá establecer cotizaciones obligatorias y las personas tendrán el derecho a elegir el sistema de salud al que deseen acogerse, sea éste estatal o privado.
La ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones privadas y estatales.

Sobre la norma, la consejera Karen Araya (PC) manifestó estar a favor del derecho a la salud, pero -a su juicio- sustituir íntegramente este literal bajo la excusa de consagrar la libertad de elección, “crea dos sistemas de salud, uno privado que privilegia a clientes ricos y sanos y otro público que atiende a los pobres y enfermos”.

La consejera Pilar Cuevas (RN) recalcó que han propuesto un plan de salud universal que hoy no existe y rechazó que eso permita constitucionalizar a las isapres. En cambio, fustigó que la izquierda no quiera aceptar este plan universal que es para todos, sin discriminación, y “es el desde que, a lo menos, requieren todos los chilenos”.

La consejera Nancy Márquez (CS) también manifestó estar a favor del derecho a la salud, pero criticó que la enmienda sustituye que el Estado asegure su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. «¿A quién le quitan esto?, a los chilenos y chilenos (…) Lo que veo es una alteración de los derechos fundamentales”, señaló.

El consejero Germán Becker (RN) afirmó que “es impresionante como una misma redacción puede generar diversas visiones del tema” y dijo que cree que este inciso es uno de los mejores logrados de esta Constitución.

Por otra parte, la comisión rechazó la enmienda presentada por RN/Evopoli (por 4 a favor, 2 en contra y 8 abstenciones) que buscaba establecer que “las acciones de salud comprenden el acceso a los medicamentos, cuidados paliativos e insumos médicos en los casos y formas que establezca expresamente la ley”.

Desde el oficialismo se fundamentó que, pese a la buena intención, puede tener un efecto sobre normas y jurisprudencia que han otorgado acceso a medicamentos, al establecer la reserva legal.

En defensa de la indicación, el comisionado Jaime Arancibia planteó que la enmienda no establece que la ley definirá los medicamentos, sino el acceso para que personas sin recursos puedan acceder a ellos.

También se rechazó la IPN 167, “Por una salud digna, oportuna y de calidad para todas y todos”, por 5 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones.

Libertad sindical

En materia de libertad sindical, se votaron las normas del anteproyecto y las enmiendas presentadas, al no existir una UDP sustitutiva.

La comisión rechazó todas las enmiendas y, de este modo, fue aprobado el texto presentado por la Comisión Experta, sobre el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Este señala, entre algunos puntos, que:

El derecho a la sindicalización comprende la facultad de los trabajadores para constituir organizaciones sindicales y afiliarse a la de su elección, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional.
Nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse de una organización sindical. Los trabajadores gozarán de una adecuada protección en contra de los actos de discriminación antisindical en relación con su empleo.
La Constitución garantiza el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales.
Los funcionarios públicos serán titulares de los derechos que comprende la libertad sindical, en conformidad a una ley de quorum calificado.
No podrán sindicalizarse, negociar colectivamente ni ejercer el derecho a la huelga quienes integren las FFAA, y de Orden y Seguridad.

En las votaciones se rechazaron, por ejemplo, las dos enmiendas presentadas por las bancadas de la UDI y Republicanos, que planteaban eliminar el derecho a huelga o limitarla sólo al marco de la negociación colectiva, respectivamente. Asimismo, las que indicaban que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado y municipalidades o de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, se rechazó la IPN 9315, Una Constitución Política para las y los trabajadores de Chile, por 5 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.

Otras normas

La comisión respaldó por mayoría, una Unidad de Propósitos para incorporar en el numeral 34, en materia de propiedad, que: “Las aguas, en cualquiera de sus estados y en fuentes naturales u obras estatales de desarrollo del recurso, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenecen a la Nación toda. Sin perjuicio de aquello, podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, los que confieren a su titular el uso y goce de éstas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos, en conformidad a la ley”.

El consejero Carlos Recondo (UDI) enfatizó que su objetivo es confirmar el derecho que le asiste a quienes son hoy tenedores de derechos de aprovechamiento de agua, en concordancia con el actual Código de Aguas.

Asimismo, también se aprobaron -por mayoría- disposiciones transitorias como las referidas a los derechos de aprovechamiento de aguas, indemnizaciones en materia de derecho de propiedad y la gradualidad en la exención de contribuciones.

En este último caso, la Unidad de Propósito presentada por las bancadas de derecha establece que la exención aprobada regirá en seis años más; que el Presidente de la República podrá enviar un proyecto de ley para regular su implementación y los mecanismos para compensar la disminución de los ingresos municipales. No obstante, las propiedades afectas a la sobretasa del artículo 7°bis de la ley Nº17.235, sobre Impuesto Territorial, seguirán pagando las contribuciones, pero la ley podrá establecer excepciones en función de la capacidad económica de los contribuyentes.

Finalmente, se rechazó la IPN 2911, (4 a favor, 2 en contra y 8 abstenciones) que buscaba establecer derechos fundamentales de las personas con Discapacidad. Las y los consejeros de derecha explicaron sus votos de abstención, dado que sus bancadas presentaron una Unidad de Propósitos sobre la materia en la Comisión de Principios.

Reapertura debate

Durante la sesión, el consejero Germán Becker (RN) ingresó una solicitud para reabrir el debate y, de ese modo, poder dejar sin efecto la enmienda que eliminó la exclusión de los hidrocarburos líquidos y gaseosos en los minerales susceptibles de concesión. En la misma línea, se planteaba reabrir el debate en materia de cambio climático.

Sobre el mismo punto, la consejera Paloma Zúñiga (RD) aseguró que es positivo que se trate de arreglar un error político pero, recordó que la mesa de negociación se quebró porque se consideró que “lo votado, votado está”. En ese sentido, tras deliberar la solicitud, desde el oficialismo negaron la unanimidad para la reapertura del debate.