Comisión aprobó propiedad de cotizaciones previsionales y derecho al trabajo

Escuchar esta noticia

En la reanudación de las votaciones, la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, abordó las normas referidas a seguridad social, derecho al agua y derecho al trabajo.

En primer término, se aprobó la Unidad de Propósitos (UDP) presentada por las bancadas de RN-Evópoli, UDI y Republicano, que ratifica -casi en su totalidad- el texto del anteproyecto de la Comisión Experta sobre el derecho a la seguridad social, pero que añade que:

“Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”.

Este inciso fue aprobado por 9 votos a favor y 5 contra.

En el debate, la consejera republicana Cecilia Medina, recalcó que se hace cargo de una de las principales preocupaciones de la mayoría de los chilenos que “piden reconocer el derecho de propiedad de sus fondos previsionales”.

Por su parte, la consejera Pilar Cuevas (RN) enfatizó que la disposición no se puede entender en forma solitaria, sino en conjunto con el resto del numeral, que establece que el Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes (…), que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas.

En la postura contraria a la propuesta, la consejera Paloma Zúñiga (RD) afirmó que: “me quita la posibilidad de elegir un sistema de reparto”, mientras que Aldo Valle (Independiente – PS) dijo que abre, finalmente, la posibilidad de continuar con un régimen previsional que los chilenos no solo ya conocen, sino que también padecen.

En tanto, la consejera Karen Araya (PC) aseguró que con ella “la derecha constitucionaliza a las AFP” y que modificar este sistema será casi imposible.

En el debate también se criticó que la norma haría que leyes como la denominada “papito corazón” -que permite retener fondos para el pago de pensiones alimenticias adeudadas- sean inconstitucionales. Al respecto, las bancadas de derecha presentaron una disposición transitoria cuyo objetivo es evitar dicho efecto.

Pero, el comisionado Flavio Quezada alertó que esta no subsana las objeciones de carácter técnico, ya que mantiene el riesgo de que normas sean declaradas ilegales, como por ejemplo, el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas o la ley papito corazón.

Frente a esto, el consejero republicano Sebastián Figueroa reiteró que no es la intención y solicitó dejar pendiente el punto en búsqueda de una redacción alternativa.

Derecho al trabajo

Además, la comisión aprobó -por unanimidad- el texto del anteproyecto que establece “El derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación” y algunos de sus incisos.

El consejero Figueroa explicó que este es el texto que se intercambió en las mesas de negociación previas, y que es el de mayor acercamiento que se logró, pese a no llegar a un pacto general, pero que tomó en consideración los intereses y materias propuestas en esas mesas.

De esta manera, con el visto bueno de la totalidad de la comisión se aprobó que «La ley promoverá la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ejercicio del derecho al trabajo decente«; y que ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo.

No obstante, solo con el voto de mayoría (9-5) se aprobó el texto que define: «El derecho al trabajo decente consiste en el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, así como a una remuneración justa, al descanso y la desconexión digital, con pleno respeto de los derechos fundamentales del trabajador en el marco de la relación laboral».

La consejera Araya fundamentó su rechazo, porque restringe el derecho al limitarlo al marco de la relación laboral, punto que no fue compartido por los consejeros y consejeras de derecha que estimaron que no es posible inferir un desmedro para los trabajadores a partir de esta redacción.

También solo por mayoría (10-4) se aprobó la norma que «…proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres».

Derecho al agua

En materia de derecho al agua, se respaldó por 9 a favor y 5 en contra, la UDP presentada por las bancadas de derecha que sustituye la propuesta de la Comisión Experta por: “El derecho al acceso al agua y al saneamiento, de conformidad a la ley. Es deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras. Asimismo, es deber del Estado promover la seguridad hídrica, acorde a criterios de sustentabilidad. La legislación, regulación y gestión deberán incorporar todas las funciones de las aguas, priorizando el consumo humano y su uso doméstico de subsistencia”.

Las bancadas de Unidad para Chile criticaron que la propuesta limita el derecho al agua solo al acceso y disminuye el estándar planteado en el anteproyecto.

Sin embargo, desde las bancadas autoras de la UDP se destacó que se incorporan conceptos como seguridad hídrica, saneamiento y priorización del consumo humano y subsistencia, en línea con la legislación actual del Código de Aguas.

Capítulo Medio Ambiente

Respecto del Capítulo XIII: sobre protección del medio ambiente, la instancia rechazó la Iniciativa Popular de Norma N°4131 (5 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones) que promovía establecer que “Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Es deber del Estado dar protección a los animales y promoverla por medio de la educación”.

Los argumentos para su rechazo o abstención estuvieron en que la Comisión de Principios aprobó -mediante una Unidad de Propósitos- un texto que incorpora en el artículo 38 que: “Es deber del Estado y de las personas promover la protección de los animales y su bienestar, como asimismo promover su respeto a través de la educación de conformidad a la ley”, la cual recoge el espíritu de la IPN (ver nota relacionada).

La comisión, además, rechazó la enmienda presentada por las y los consejeros de Unidad para Chile para añadir un nuevo artículo del siguiente tenor: “El Estado debe promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño, la innovación, la actividad productiva, la economía social y solidaria”. En este caso, el rechazo y abstención por parte de los consejeros de las bancadas de derecha obedeció a que la materia está ya contemplada en otra propuesta.