Ciencias, economía circular y minería: concluyen Audiencias Públicas en la Comisión de Derechos

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52 Audiencias Públicas sobre salud, educación, vivienda, medio ambiente, entre otros temas, fueron recibidas esta semana por la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional, dando así término a uno de los cuatro Mecanismos de Participación Ciudadana del Proceso Constitucional.

Este viernes, las ciencias, la economía circular o la minería fueron algunos de los asuntos tratados durante las exposiciones ciudadanas. Rubén Salinas, representante de la Asociación Gremial Nacional de la Pequeña Minería de Chile, señaló que un rango constitucional de la minería chilena brindaría “estabilidad, garantía de inversión, crecimiento y desarrollo. La cuestión constitucional ha paralizado el emprendimiento y desmotivado la inversión. El crecimiento decreciente del sector minero es la paradoja frente a la necesidad imperiosa por más cobre y litio en el mundo”. Salinas puso énfasis en la libertad de emprender y ejercer actividades económicas, y agregó que “si todos los minerales fueran concesibles, tendríamos más producción de litio, pero el monopolio estatal solo ha contribuido a postergar y retrasar el sitial que deberíamos tener, según nuestras reservas”.

En una temática similar, Bernardo Hevia, de la Asociación Gremial de Geocientistas de Chile, expuso que “hay poca relevancia de la geología en la organización política y científica, salvo en la minería”. Hevia diagnosticó que “hay un desconocimiento de las actividades geológicas, que son exploración, medición, planificación y explotación de yacimientos con riquezas naturales, además de participar en obras civiles, en la gestión de aguas y en el peligro de catástrofes naturales, entre otras cosas”, las que a su juicio permiten “planificar y financiar las actividades, productos y servicios, además del presupuesto de la Nación”.

El científico Carlos Rubilar, en tanto, expuso sobre la importancia de que el Estado desarrolle las ciencias. “La nueva constitución debe establecer al menos un artículo que indique cómo el Estado se posicionará frente al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, las cuales son sustanciales para el progreso que persigue Chile en el futuro”. Rubilar agrego que Chile desembolsa un 0,34 por ciento de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo (2019), una cifra menor en comparación tanto con países desarrollados como con países de la región. “Investigar requiere de una masa crítica que se mantenga en el tiempo para generar un polo que concentre investigaciones en ciertas áreas”, concluyó.

Respecto a economía, Víctor Espinosa, representante de Faro UDD, señaló que “el Estado debiese ser un facilitador del desarrollo económico, al igual que la nueva constitución, garantizando un entorno institucional que favorezca y resguarde derechos de propiedad privada seguros, e igualdad ante la ley”. El académico enfatizó en el concepto de libertad monetaria, “el que comprende la libre aceptación y libre uso del dinero público y privado en los intercambios voluntarios, con pleno respeto al derecho de propiedad y libre competencia”. Además, definió desarrollo como “la ampliación de alternativas abiertas para la gente; desde lo más básico, como distintas marcas de un producto en un supermercado, hasta ámbitos más complejos, como distintos proyectos de educación, salud, pensiones, vivienda, trabajo, transporte, entre otros”.

En cuanto a economía circular, el expositor Óscar Sanhueza pidió que el concepto sea incluido en la propuesta constitucional. “Se relaciona con la sostenibilidad, y su objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos”. Sanhueza señaló que, actualmente, predomina una economía lineal, donde “extraemos, producimos, consumimos y desechamos. Es un modelo rápido y poco sostenible”.

Respecto a propiedad intelectual, Roberto Najle, de la Corporación Cultural ArtMedia, expuso a los consejeros que “en nuestro país, no está definido este concepto en la constitución. La ley solo señala derechos conexos y ambiguos adicionales”. Najle la definió como todo “dominio o propiedad donde toda cosa incorporal tiene relevancia económica. Es la única que es democrática y universal, porque todos tenemos imaginación, todos tenemos creación”.

Audiencias Públicas en la Comisión de Principios

En tanto, la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos también concluyó su semana con un total de 43 Audiencias Públicas. La abogada y profesora de la Universidad Alberto Hurtado, Andrea Paola Ruiz, expuso sobre probidad y transparencia en la función pública.

En la ocasión, propuso tres elementos básicos para robustecer el anteproyecto, considerando que nuestro país hoy tiene una gran oportunidad –dijo- para prevenir, perseguir y sancionar hechos de corrupción.

Planteó primero que es necesario consagrar en conjunto los principios de probidad y transparencia, entregándole al legislador su desarrollo y fortalecimiento. Segundo, la existencia de órganos garantes, autónomos y constitucionales con competencia en todos los espacios de la función pública y con facultades sancionatorias. Y tercero, que toda persona tiene derecho a denunciar faltas a la probidad y a tener la debida protección en su calidad de denunciante.