Asignación de recursos públicos centra la discusión en Comisión de Derechos Económicos

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En la jornada de trabajo de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, se concluyó con la discusión de las enmiendas referidas al derecho a la educación contenidas en el artículo 16 del anteproyecto.

En ese sentido fueron diversas las materias que concitaron el debate de las y los consejeros.

En primer lugar, la consejera republicana Ninoska Payauna explicó la enmienda que señala que el Estado deberá garantizar el financiamiento de la educación de personas con necesidades educativas especiales.

“Lamentablemente hoy día, esta cobertura no es universal. Los colegios públicos que tienen el Programa de integración Escolar (PIE) no es suficiente. No cubre en su totalidad las necesidades de nuestros estudiantes”. Payauna agregó que, “nosotros debemos atender las necesidades de nuestros estudiantes, sin discriminar el colegio que sus padres han elegido para ellos” y enfatizó que la enmienda “pretende entregar esa cobertura y financiamiento a los estudiantes para que puedan ser atendidos”.

La consejera de Convergencia Social, Nancy Márquez, agradeció la enmienda “por situar el tema de las personas con necesidades educativas especiales”. Añadió que empatizan y “nos da pleno sentido la demanda -por cierto- y la necesidad de visibilizar esta realidad en la agenda y la discusión política de este consejo”. Sin embargo, manifestó que el foco debiera estar centrado en el propio derecho y los principios de la educación y no solo en garantizar el financiamiento.

Asimismo, surgió la duda si, a la luz de esta propuesta, el Estado estará obligado a solventar el costo de cualquier establecimiento, sin distinción, y por ello se planteó buscar una mejor redacción que se haga cargo de las personas con necesidades especiales.

Gratuidad

Un segundo punto fue el referido a los criterios para la asignación de los recursos públicos, y en particular la enmienda del oficialismo que propone la gratuidad progresiva de la educación superior.

La consejera Paloma Zúñiga (RD) precisó que pensaron en cómo incorporarlo de la forma más responsable, “porque entendemos que la educación tiene un costo” y que tiene que existir una planificación del Estado, para que los jóvenes no sean limitados a cumplir el sueño de ser profesional o elegir un proyecto de vida por no tener los recursos para financiarlo.

Al respecto, se consultó por parte de las bancadas de derecha si se contempla solo la gratuidad en establecimientos estatales y si no considera otros sistemas de financiamiento. En ese sentido, se planteó que no queden como inconstitucionales otros sistemas de ayuda.

El comisionado Flavio Quezada dijo que es un error equiparar la idea de gratuidad con algo muy concreto como es el sistema de gratuidad que está establecido en la ley. Por ende, esta puede ser provista por distintos mecanismos.

Otro punto en la asignación de recursos son las propuestas de consejeros de Chile Vamos así como de la bancada republicana que establecen que la asignación también responda a criterios como calidad, razonabilidad y no discriminación arbitraria.

La consejera Karen Araya (PC) postuló su preocupación de que estas normas puedan conllevar a que establecimientos queden sin acceso a recursos, por presentar una calidad inferior -lo cual es hoy una realidad en los establecimientos públicos- ya que agudizaría la actual crisis educacional.

El comisionado Jaime Arancibia dijo que hay dos criterios rectores que debieran ser el norte: calidad y cobertura. Porque tampoco, añadió, se trata de “un premio a los que lo hacen bien y un castigo a los que lo hacen mal”. Al financiar establecimientos que no están bien se busca mejorar su rendimiento o porque estos, aseguran cobertura, explicó.

A su vez, el consejero Sebastián Figueroa (PRep) enfatizó que la propuesta apunta a poner el foco en el estudiante, y que este no sea discriminado por el tipo de institución donde elija estudiar. “Para nosotros eso sería una discriminación inaceptable. Un estudiante que tiene el mérito, que tiene la condición socioeconómica para recibir el apoyo del Estado, tiene que tener un mismo trato y no puede ser la naturaleza del establecimiento que escogió o le tocó el que determine cuál va a ser el apoyo que va a entregar el Estado”.

En la misma línea, la consejera Pilar Cuevas (RN) recordó que hoy la matrícula de estudiantes de menores recursos en instituciones privadas es alta. No se puede restringir esa oportunidad para estudiantes que quieren tener acceso a la educación superior, porque el objetivo final debe ser el estudiante.

Reconocimiento a labor de profesores

El anteproyecto contempla una norma que señala que “los profesores son parte esencial del esfuerzo educativo de la Nación. Es deber del Estado y de toda comunidad educativa promover el desarrollo profesional y respeto de los docentes”.

En esa línea, enmiendas de distintos sectores coinciden en ampliar el alcance también a los asistentes de la educación. Asimismo, el consejero Carlos Recondo (UDI) añadió que hablar de educadores -en lugar de profesores- va en el entendido que en esta labor participan no solo profesores, sino también otras personas que cumplen funciones docentes y que no necesariamente poseen el título de profesor y que “son colaboradores muy legítimamente y necesarios del proceso educativo”.

En contraposición, la enmienda de la bancada republicana elimina esa referencia. La consejera Payauna fundamentó que se apunta a simplificar la redacción, colocando el énfasis en la importancia que el Estado y la comunidad educativa tienen para promover el respeto y sana convivencia en las escuelas.

El comisionado Arancibia defendió la propuesta de la Comisión Experta, por el rol social que ejerce el profesor en la calidad de la educación al interior del aula. Agregó que esto no es comparable con el reconocimiento de otros actores de la vida social, y que solo reducirlo al respeto hace que pierda sentido la norma.

Por último, otro punto de amplio debate fue la propuesta de la bancada republicana de añadir como deber del Estado el garantizar la continuidad del servicio educativo en sus establecimientos educacionales.

Figueroa recalcó que con ella plasman el sentir de muchas familias, de dolor e inquietud de personas que se sienten postergadas y desamparadas por un Estado que no ha podido garantizar el derecho a la educación en sus hijos y el cómo, esas interrupciones, han deteriorado la valoración que tiene hoy la educación pública. Pero manifestó que son bienvenidos los comentarios y mejoras “para hacernos cargo de legítimas inquietudes”.

Sobre el punto, Aldo Valle (Ind-PS) planteó que hay que tratar el tema con altura de miras. “Nadie puede desconocer que estamos ante un problema y que hay generaciones de estudiantes que están sufriendo un menoscabo en su formación”. Pero la redacción de la norma tiene, a su juicio, un par de defectos.

Postula que debiera decir solo “establecimientos educacionales”, porque de lo contrario se estigmatiza a los establecimientos del Estado. En segundo lugar, que no se hace cargo cuando las interrupciones son originadas en el ejercicio legítimo de un derecho.

“El Estado debiera garantizar la continuidad del servicio cuando sea interrumpido por meras vías de hecho o actos de fuerza (…) en una sociedad democrática no se puede prohibir la protesta, pero cuando daña el ejercicio de derechos de otros, creo que la democracia tiene derecho a poner esos límites”.