Aprueban creación de Fiscalía de Alta Complejidad y Defensoría de las Víctimas en el Ministerio Público
Escuchar esta noticiaLa creación de una Fiscalía de Alta Complejidad, otra de Asuntos Internos y un Consejo Consultivo que asesore al fiscal nacional, fueron algunas de las propuestas que aprobó el pleno de la Comisión Experta y que integran el Capítulo IX, relativo al Ministerio Público, del anteproyecto de Constitución.
Otra de las iniciativas que fueron visadas, se relacionan con la creación de un Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, cuyo principal objetivo será entregar asesoría jurídica, además de asistencia psicológica y social a quienes hayan sufrido algún tipo de delito.
El comisionado Teodoro Ribera, valoró la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad, argumentando que es adecuado “dado que hay delitos que han evolucionado tomando otras directrices, por lo que podríamos decir que son interregionales o internacionales”.
Asimismo, destacó la propuesta del denominado Consejo Consultivo del Ministerio Público, que estaría integrado por los jefes de ambas policías, además del director de Gendarmería, el ministro del Interior, dos académicos y dos ex fiscales regionales. “Es una institución que puede colaborar mucho en la persecución penal”, dijo Ribera.
Paz Anastasiadis, en tanto, subrayó que mediante la creación de una Fiscalía de Alta Complejidad “hemos reaccionado ante el crimen organizado y la criminalidad compleja”, lo que permitirá optimizar la investigación de los delitos, cuestión que a su vez descongestionará a las fiscalías regionales y locales.
En paralelo, Katherine Martorell resaltó que en este capítulo se ha establecido que las personas que ejerzan cargos al interior del Ministerio Público cesarán en sus funciones al haber cumplido 75 años.
Lo mismo sucederá si son condenados por algún delito. “Algo en lo que se está innovando, porque no estaba en la Constitución”, aseguró la comisionada.
Otro de los artículos en los que Martorell puso énfasis fue el que señala que los fiscales no podrán postular a cargos de elección popular en los siguientes dos años de haber finalizado en su cargo.
“Esto es muy importante, dado que lo que no queremos es que quienes dirigen las investigaciones en nuestro país se vean tentados de utilizar su posición como medio para obtener un cargo político en el futuro”, explicó.
Defensa de derechos humanos
Sin embargo, no todos los comisionados estuvieron de acuerdo con los postulados del Capítulo IX del anteproyecto.
“Tengo que expresar uno de mis dolores. Me parece que una de las cuestiones más notablemente anómalas de esta propuesta es la defensoría de las víctimas”, comentó Alexis Cortés, para luego precisar que no es que estuviera en desacuerdo con la creación de esta instancia, sino que “no me parece del todo comprensible esta inclusión, sin la consagración al mismo tiempo de una defensoría de los derechos humanos”.
En la misma línea, Flavio Quezada sostuvo que este capítulo le generaba incomodidad. “No es usual, en perspectiva global, que el órgano encargado de la política criminal goce de autonomía y reconocimiento constitucional”, precisó.
A renglón seguido, añadió: “Me parece que existe cierto desbalance, en un desarrollo minucioso y detallista del Ministerio Público y una total ausencia de referencia a la Defensoría Penal Pública”.
Además, indicó el comisionado, “resulta curiosa la ausencia de un defensor de los derechos humanos”.
No obstante, y pese a las abstenciones en la votación de algunos artículos por parte de Catalina Lagos, Gabriel Osorio y Flavio Quezada, el Capítulo IX fue aprobado en su totalidad.
