Ante indicación que elimina sustantivo femenino del anteproyecto, consejeros (as) sientan postura

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El debate de las enmiendas al capítulo V: «Gobierno y Administración del Estado» ocupó esta jornada de la Comisión del Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. Este acápite tiene 31 artículos (92 al 122), de los cuales sólo ocho no recibieron indicaciones.

A nombre de la bancada de los republicanos, el consejero Jorge De la Maza defendió las enmiendas que suprimen el sustantivo femenino de los artículos 92, 94, 96, 97, 102, 107 y 108, y piden que en la constitución se use el masculino.

La norma del anteproyecto en el artículo 92 señala: “El gobierno y la Administración del Estado corresponde al Presidente o Presidenta de la República, quien es el Jefe del Estado y el Jefe del Gobierno”. Los republicanos proponen que se sustituya por “Presidente de la República”.

De la Maza descartó que se trate de un tema sexista, y justificó la enmienda basado en informes de la Real Academia Española que señalan -según dijo- que «el uso de las nominaciones masculinas son de carácter inclusivo”. Agregó que “no es justo que se identifique al Partido Republicano como un partido machista por una propuesta como esta”.

Entre otras enmiendas, De la Maza defendió aumentar a 40 años la edad para ser presidente, “porque se requiere mayor madurez”, y argumentó que países como Alemania e Italia, entre otros, exigen 40 y más años.

La comisionada Antonia Rivas contestó a De la Maza respecto a la supresión de los sustantivos femeninos, y llamó a reconocer los avances de la sociedad y a usar el lenguaje correctamente. «Acá yo no me llamo comisionado Rivas, sino comisionada Rivas», señaló.

A su turno, la bancada UDI, en voz de la consejera Carolina Navarrete, defendió enmiendas del epígrafe Bases Generales de la Administración del Estado. En lo relativo al uso de los recursos públicos, sostuvo que la asignación de estos, en cualquiera de los niveles del Estado, debe ser a través de concurso público y con plena transparencia en los procedimientos (se agrega un número al artículo 110).

Además, Navarrete puso énfasis en indicaciones relacionadas con los trabajadores del sector público. Si bien mostró conformidad con lo propuesto por el anteproyecto, dijo que, además, son partidarios de que se mandate al legislador para crear un régimen indemnizatorio (como en el sector privado) para los trabajadores del sector público que se desempeñan a contrata u honorarios, por considerar que su situación en el ámbito laboral “es de las más precarias”.

En representación de RN-Evópoli, la consejera Gloria Hutt destacó que las Bases Generales de la Administración del Estado son de especial importancia para su bancada. Destacó la necesidad de modernizar el Estado y de transitar “hacia uno más probo, más profesional y eficiente al servicio de las personas, y no al revés”. Apoyó la Iniciativa Popular de Norma (IPN) “Por un Estado sin pitutos”, que busca un alto estándar de gobernanza y competencias técnicas para beneficio de los ciudadanos.

Además, Hutt defendió un régimen único de designación, contratación, promoción y cese de las funciones para los funcionarios de la administración del Estado. “Esto contribuye a regularizar situaciones derivadas de las diversas formas contractuales vigentes y, abre el camino para las definiciones de la carrera funcionaria que otorgue una perspectiva de desarrollo para los trabajadores del sector público, fortaleciendo su rol y especialmente fortaleciendo la capacidad del Estado para responder adecuadamente a las personas”, señaló, y planteó que son partidarios de la creación de un estatuto único para los funcionarios públicos.

En tanto, la bancada Unidad para Chile a través de Christian Suárez (PS) también defendió la enmienda que propone que la ley de la función pública considere la carrera funcionaria. Además, en su exposición hizo énfasis en la necesidad de atender lo planteado por la Corte Suprema (en el marco del Proceso Constitucional) de crear un tribunal de lo contencioso administrativo, el que permitiría -a su juicio- una justicia que se ocupe de las “decisiones arbitrarias” que se producen dentro de la administración del Estado. «Esto da certeza jurídica para la protección de los administrados y también para el desarrollo de las inversiones y la economía del país».