Acusación Constitucional: podría cambiar sanción de inhabilidad por 5 años para ejercer cargos públicos

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El Capítulo IV cuyas enmiendas debate la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, trató en la jornada AM, temas relativos a las atribuciones de las Cámara que integran el Congreso Nacional, en particular, el Senado y la facultad de conocer de las acusaciones constitucionales.

Dos de las indicaciones al artículo 60, concentraron el debate. Una de ellas, propuesta por la bancada RN-Evópoli, aumenta el quorum de 3/5 a 4/7 para aprobar una acusación constitucional, en la cual la Cámara Alta tiene la misión de declarar “la culpabilidad”. Respecto de la sanción, el anteproyecto mantiene lo que ya se conoce; es decir, que el destituido no pueda ejercer ninguna función pública por un período de 5 años. Mientras que la enmienda presentada por la bancada Republicana señala: “no podrá desempeñarse en el mismo cargo o en cargos de exclusiva confianza del Presidente de República por el término de 5 años”.

Para el consejero Christian Suárez (Indep-PS) subir el quórum deja casi sin efecto la acusación constitucional, en tanto que la comisionada Antonia Rivas dice que en la enmienda sobre la sanción de inhabilidad, podría acordarse dejar fuera las actividades docentes, pero afirmó que no le resulta coherente que para algunos casos (cargos de exclusiva confianza del Pdte.) proceda la inhabilidad y para otros cargos públicos, no. Sobre esto último, la consejera Beatriz Hevia (PRep) aclaró que la sanción actual es muy drástica y lo que se propone “es mucho más suave”.

El comisionado Gabriel Osorio, dijo que la inhabilitación no sólo proviene de procesos penales, sino también de la responsabilidad administrativa, y la destitución por un sumario (a los que llamó “el reino de la arbitrariedad”) implica que se puede quedar inhabilitado para ejercer en cargos públicos, incluso a honorarios. Enfatizó que habría que evaluar bien la institución de la Acusación Constitucional, “me produce miedo, porque al quitar la inhabilitación, esto se traduce en una censura”. Sostuvo que puede ser “más fácil” ir acusando ministros “y transformar esto en la vieja rotativa ministerial que se vivió entre 1891 y 1925, cuando los ministros duraban 3 meses. Eso trajo mucho daño a la gestión pública”, concluyó.

La consejera Hevia sostuvo que «el Senado no hace un procedimiento penal y tiene sanciones que el Tratado Internacional de Derechos Humanos califica que, esas sanciones, debieran darse en una sede penal». Añadió que puede ser pertinente debatir las sanciones del estatuto administrativo, «revisemos que las sanciones vayan en la línea que corresponde». Según dijo, es una materia a debatir y «se aprobará, si la mayoría de la comisión, así lo estima”.