Trabajo, sindicalización y huelga: Audiencias Públicas en la Comisión de Derechos
Qué se entiende por trabajo digno o las limitaciones al derecho a huelga fueron parte de las temáticas abordadas por la ciudadanía y sus organizaciones durante las Audiencias Públicas recibidas por la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional.
Diego Velásquez, del Observatorio de Huelgas Laborales de la Universidad Alberto Hurtado, expuso sobre el conflicto laboral fuera de nuestra legislación. “La normativa actual restringe bastante el derecho a huelga, pero no está logrando reducir de esa manera la conflictividad, sino más bien se está desbordando”, afirmó, junto con señalar que en los últimos 10 años las huelgas que ocurren por fuera de la negociación colectiva reglada son mucho más numerosas. “Chile es el segundo país con más días-persona-trabajo-perdidos de todos los países de la OCDE. Quitar limitaciones al derecho a huelga va a significar tener organizaciones de trabajadores más fuertes, y los acuerdos van a poder ser alcanzados antes de pasar a la paralización”, concluyó.
Las presidentas provinciales de la CUT, Julie Véliz (Copiapó) y María Cuéllar (San Felipe), expusieron sobre derechos sindicales y trabajo decente. Véliz expuso el caso una empresa que estuvo 81 días paralizada por sus trabajadores: “no podemos seguir permitiendo que las huelgas tengan que generar ese tipo de impactos para que el trabajador pueda acceder a beneficios”. También se manifestó a favor de la negociación ramal para que “los sectores tengan mínimos laborales por intereses que son transversales y legítimos”. Cuéllar, en tanto fue consultada por el consejero Miguel Littin sobre el significado del trabajo decente. “Es un concepto que se instala desde la OIT, y no tiene que ver con el tipo de trabajo que se desarrolle, sino con cómo le damos dignidad a todos los trabajos, que estos permitan ganarse la vida y cumplir con las necesidades básicas de un ser humano”, contestó.
Natalia Mesías, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Privada de Chile, también expuso ante los consejeros sobre reconocer el trabajo decente. “La nueva constitución debe tener a la dignidad de la persona como su eje principal y fundacional, y debe expresarlo en su contenido normativo de modo que los derechos que consagra lleven a las personas a tener mejores condiciones de vida”, señaló. Entre los énfasis propuestos, Mesías expuso que debe garantizarse la igualdad salarial por trabajo de igual valor. “A pesar del convenio 100 de la OIT, el progreso para cerrar la brecha salarial ha sido lento. La nueva constitución es una gran oportunidad para conseguir este objetivo”, finalizó.
Guillermo Fuentes, representante de los Sindicatos de Trabajadores de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos y de Los Ríos, planteó considerar “excluir de las limitaciones de ejercicio del derecho a la huelga a las personas que trabajan en las empresas de utilidad pública, como son las empresas de servicios sanitarios”. Fuentes agregó que, en empresas de carácter esencial como la suya, los sistemas productivos están semi o totalmente automatizados, por lo que no se pondrían en riesgo las necesidades básicas de la ciudadanía. “El 70% de las prestaciones son ejercidas por terceros. Nuestro personal ejerce una labor administrativa”, finalizó.
Jorge Burgos, en representación de la Asociación de Mutualidades AG, expuso sobre el derecho a la seguridad social como garantía constitucional. “Creemos en consagrar la seguridad y salud en el trabajo como un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras en el marco de los derechos laborales”. Burgos señaló que la vigencia del sistema de mutuales ha sido posible gracias al trabajo conjunto de estas organizaciones junto a los trabajadores, los empleadores y el Estado, y que son “un ejemplo de cómo instituciones privadas sin fines de lucro, que son parte del sistema de protección social, han sido un aporte en la prestación de un derecho social universal y solidario”.
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