Piden consagrar en la nueva Constitución un Estado solvente y eficaz
La Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales recibió diversos expertos y académicos para continuar con el debate del catálogo de derechos sociales que contempla el anteproyecto de la Comisión Experta. Dos temas fueron los centrales: Un Estado solvente y eficaz para Chile, y el derecho a cuidar y ser cuidado.
Victoria Martínez, abogada constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, hizo una exposición en detalle sobre el derecho a los cuidados. «Esta es una necesidad antigua, pero es nueva a nivel global, y se ha ido desarrollando en distintas constituciones y pactos internacionales en diversos países, sin embargo Chile debe estar dispuesto a incluirlo en su nueva carta magna”, aclaró.
Al entregar algunas cifras, explicó que en nuestro país, espacialmente, las mujeres destinan tres horas más al día que los hombres para realizar trabajos no remunerados, incluyendo el cuidado de otras personas y no solamente a sus familias.
Martínez propuso poder «agregar un principio que reconozca el valor de los cuidados y algunos criterios para diseñar políticas públicas en esta materia. También, como alternativa, se puede optar por establecer un derecho fundamental con un desarrollo progresivo, con sujeción a la responsabilidad fiscal y a través de instituciones públicas y privadas».
Arturo Fermandois, abogado y profesor de derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se refirió a varios aspectos del anteproyecto, como la certeza jurídica del orden público y económico, el derecho a propiedad y las concesiones marítimas.
A su parecer hay avances en la propuesta, pero son débiles. Por ejemplo el derecho a la vivienda, el deber del Estado a proteger a los consumidores, el derecho al agua y al saneamiento de las generaciones futuras «es bueno que sean mencionados, sin embargo, se llama al Estado a responder por ellos, pero no a la ley como es lo tradicional en derecho constitucional», dijo.
En su opinión, ante todas estas normas «creo que incluso el Presidente de la República de turno se puede sentir interpelado por tantos deslindes entre potestad reglamentaria y la legislación». Fermandois advirtió que si no hay una corrección y si se aprueba así como está «vamos a tener una presión muy fuerte sobre un Jefe de Estado, el que tiene que actuar con cautela en materia social”.
Un Estado solvente y eficaz
En tanto, el ex ministro de Educación y ex presidente Ejecutivo de Codelco-Chile, José Pablo Arellano, consideró como valiosos y amplios todos los derechos sociales que contiene la propuesta constitucional y llamó a los consejeros y consejeras a que éstos deben ser una realidad y no simplemente quedar en el papel. En ese sentido, propuso que para lograr esto, el Estado debe ser «solvente y eficaz».
Por vía telemática, el economista argumentó que es necesario tener una política fiscal con recursos de manera progresiva en el tiempo, pues el 70% del presupuesto nacional está destinado al gasto social (seguridad, educación, salud, vivienda, pensiones, etcétera) y para que esto se pueda mantener y crecer es indispensable un Estado con capacidad de solvencia.
En este aspecto, manifestó su preocupación sobre la posibilidad de que las regiones puedan endeudarse, tal como lo plantean un conjunto de normas del anteproyecto. “Esto no ha sido posible hasta ahora y su principal problema es que los gobiernos locales puedan adquirir deudas y después tienen dificultades para pagarlas, lo cual no es positivo».
Respecto a la eficacia del Estado, Arellano dijo que “los (comisionados) expertos colocan mucho énfasis en la regionalización, lo cual es bueno, pero de la forma que lo hacen, introducen riesgos que pueden terminar debilitando a nuestra sociedad para el avance de los derechos sociales”.
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