Diferencias y coincidencias marcaron el debate sobre la libertad de enseñanza en Comisión de Derechos
Al inicio de la discusión, la consejera Nancy Márquez enmarcó el debate argumentando que la libertad de enseñanza tiene un gran valor que contribuye a la diversidad y pluralismo educativo, siempre que esté supeditado al alero del derecho a la educación y al interés superior de niños, niñas y adolescentes.
En ese sentido, subrayó que «es un error poner en oposición los roles de las familias y del Estado, como antagonistas. Madres, padres o tutores legales son los primeros en resguardar el interés superior de la niñez y el Estado es el último responsable en hacerlo, especialmente si estos primeros fallan», puntualizó.
Agregó que el cambio constitucional es una oportunidad única para mejorar de forma profunda la educación del país. «Sin embargo, para ello necesitamos salir de la confrontación y generar puentes y encontrar los puntos en común para resolver este nudo crítico».
Así, respecto del texto del anteproyecto, contenido en el artículo 16, que «reconoce el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos, atendiendo a su interés superior», se presentaron diversas enmiendas que buscan ampliar su alcance.
Por ejemplo, la consejera RN Pilar Cuevas explicó que en el caso de su bancada plantean añadir a padres y tutores, siempre en el entendido que tienen el deber preferente, pero que «no son los únicos, ni los encargados de velar exclusivamente por el interés superior de los niños».
Eso, añadió, estaría absolutamente erróneo porque hay que hacerse cargo de la diversidad que existe. «Hay familias monoparentales, hay familias en que son las madres las exclusivas jefas de hogar, hay abuelas que se hacen cargo de los niños hay tutores (…) y también porque los padres fallan. En esos casos, el Estado es el que debe velar por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, el consejero Carlos Recondo (UDI) dijo que es inconveniente colisionar el derecho de los padres con la idea del interés superior: «Estos no se oponen y es crear un falso antagonismo». Pero, agregó, «si se regula de forma que uno sea el límite del otro, la autoridad paterna queda entregada a un tercero, generalmente un juez o funcionario público, que en base a criterios abstractos y sin conocer la realidad personal del niño, resuelve que es lo mejor para él, suspendiendo en la práctica la autoridad paterna».
En la comisión hubo coincidencia y voluntad de avanzar a una redacción de unidad de propósitos en cuanto a incluir en la libertad de enseñanza que, junto con fijar el derecho a desarrollar establecimientos educacionales, se considere también el promover la diversidad de los proyectos educativos.
Al respecto, Sebastián Figueroa (Prep) valoró la propuesta presentada en este punto por consejeros de Unidad para Chile, ya que la «libertad de enseñanza se hace carne cuando hay heterogeneidad y una diversidad de proyectos educativos y dejarlo así explicitado es de alta relevancia».
No obstante, y ligado al debate sobre el derecho preferente de los padres de escoger la educación de sus hijos, defendió que se incluya el deber del Estado de asegurar el financiamiento.
«De qué nos sirve dejar normas que permitan tener en el papel proyectos educativos diversos y que respondan a los intereses de los padres, si es que, en particular, aquellas familias de más escasos recursos no van a tener la posibilidad -realmente- de materializar esa matrícula o ese espacio de acceso al derecho a la educación en un proyecto diverso o distinto a lo tradicional».
Paloma Zúñiga (RD) dijo que entiende la preocupación que puede existir sobre una posible monopolización de la educación estatal. Pero, dijo que también está el miedo a que esta desaparezca y cómo esta puede mejorar su calidad para realmente estar disponible en igual calidad que otro tipo de educación para las familias que no tienen libertad de elegir -por razones económicas o territoriales.
Ideología y adoctrinamiento
Un punto en que se presentó el rechazo por parte de consejeros de Unidad para Chile es la posibilidad de incluir en el texto constitucional que la enseñanza estatal y la reconocida oficialmente «no podrán orientarse a propagar ni adoctrinar en ideología o tendencia político partidista alguna» o «incitar a la violencia como método de acción política».
El consejero Miguel Littin argumentó que ideología es un concepto mucho más amplio que aplicarlo solo a la política. «La ideología es el conjunto de ideas que mueven al hombre y a la humanidad en un sentido u otro (…). Y, la palabra adoctrinamiento me parece impropio de la redacción en una Constitución. Adoctrinar es como no dejar pensar, prácticamente. Adoctrinar es no incitar al pensamiento, no es provocar una lucha de ideas, es adoctrinar. Yo te adoctrino y tú obedeces». Por ello, propuso estudiar bien el uso de esos conceptos.
En la misma línea, el consejero Aldo Valle (Ind-PS) añadió que Chile tiene una tradición de diversidad, respeto y de pluralismo que no da pie para tener que instalar en la Constitución una declaración como esta. «Preferiría algo más cuidadoso casi por razones de decoro cultural, de decoro cívico y democrático».
Al respecto, el consejero Arturo Phillips (UDI) precisó que usar la palabra ideología en la redacción va ligada a la idea de tendencia político partidista y que está inspirada en un fallo de la Corte Europea de DDHH que establece que la educación, especialmente la estatal, debe ser pluralista y respetuosa de la diversidad y que eso no es posible si no hay libertad de enseñanza y dicha corte en su fallo ha señalado que «ni siquiera la educación estatal puede rehuir el pluralismo debiendo evitar el adoctrinamiento».
Ninoska Payauna (Prep) añadió que «es muy distinto recibir educación y formación sobre ideas políticas que existen o han existido -y como han influido en la configuración del mundo actual-, que ser derechamente adoctrinado o inculcado en dichas ideas. Esto último implica que existe un docente que quiere que sus alumnos hagan suyas dichas ideas o creencias, sin pensamiento crítico sobre las mismas».
Autonomía educativa
Sebastián Figueroa presentó una propuesta nueva de redacción a la enmienda de su bancada referida a que el Estado respete la autonomía de los proyectos educativos en todos los niveles de enseñanza, sobre los contenidos curriculares, fijando que este pueda entregar los contenidos mínimos, pero que no superen la mitad de la jornada escolar.
Los comisionados Flavio Quezada y Alexis Cortés, plantearon la inquietud sobre la inconveniencia de fijar en la Constitución guarismos que van transformando la carta magna en un elemento que contiene políticas públicas.
Cortés enfatizó que en estos casos las constituciones tienden a durar menos tiempo porque se vuelven objetos de reforma permanente, ya que si quiero cambiar una política debo cambiar el texto constitucional. «Y eso no es bueno para las políticas públicas -porque las rigidiza- ni es bueno para las constituciones porque las transforma en un objeto sujeto a constante modificación».
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