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Debaten enmiendas sobre protección a la niñez, paridad, terrorismo y tratados sobre DD.HH

La Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos recibió a diversos expositores con la finalidad de conocer sus opiniones acerca de las enmiendas presentadas por los consejeros (as) al Capítulo I del anteproyecto sobre Fundamentos del Orden Constitucional.

La concejera Carolina Navarrete (UDI) expuso varios artículos relacionados con el terrorismo, la seguridad pública, el acceso a la información, el resguardo a los bienes de propiedad y la paridad. En este último punto, dijo que su bancada propone una norma sobre la participación política de las mujeres, y la idea es sustituir la palabra “asegurará” (como plantea el texto de la Comisión Experta) por “favorecerá”, basándose en la Constitución francesa.

En su opinión “la razón para sustituir esta palabra es para evitar una igualdad absoluta o estricta de generó en la representación política. Entonces, con esta redacción más flexible, buscamos que el legislador pueda desarrollar diferentes estrategias para que se fomente la inclusión y la participación de mujeres en la vía pública, adaptando las necesidades al contexto nacional y evitando que esta sea una paridad rígida y forzada”.

Al momento de la ronda de preguntas, el consejero Fernando Viveros (PC), consultó si podía profundizar si este cambio de palabra asegura su fomento. A su turno, la consejera Navarrete respondió: “Nosotros buscamos descartar la paridad de salida y cambiamos la redacción de la propuesta del anteproyecto para que el Congreso pueda establecer mecanismos más amplios de participación”.

El comisionado Máximo Pavez (UDI), en tanto, defendió dos enmiendas, en especial la que presentaron los consejeros Edmundo Eluchans, María Jorquera, Carolina Navarrete, Arturo Phillips y Carlos Recondo, en relación con que “los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y que se encuentren vigentes tendrán rango constitucional”.

El abogado explicó que con esta norma se busca que “el Estado siempre sea el primer responsable de la interpretación y de la aplicación de los principios de estos pactos que suscriba nuestro país”. Luego reforzó: “lo que no puede pasar es que el tratado esté sobre la Constitución, y en ese sentido creo que todos podemos encontrar un espacio en dar certeza jurídica en que la Carta Magna siga siendo la norma más importante a nivel nacional”.

También estuvieron en la Comisión de Principios los representantes de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, Giannina Mondino y Gabriel Guzmán, quienes dijeron que “como institución nos parece importante no retroceder en lo ya se ha avanzado en materia de niños y adolescentes, por lo tanto llamamos a revisar las enmiendas que puedan perjudicar lo ya alcanzado”.

Los especialistas recordaron que Chile ratificó la “Convención de los Derechos del Niño” y, hace 22 años se estableció la Ley de Garantías y Protección de la Infancia, las cuales reconocen y fortalecen los deberes del Estado con los niños en distintos ámbitos de manera integral y sistemática. Además, recomendaron considerar en la propuesta constitucional varios temas: la asistencia jurídica especializada, la edad mínima en artículos relativos a la responsabilidad penal de adolescentes, el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión y no incluir la restricción de nacionalidad a hijos de extranjeros irregulares y transeúntes.

En ese sentido, la consejera Mariela Fincheira (PRep), consultó sobre cuál es la función de la familia en el interés superior del niño y si el Estado puede suplirlo. Mondino respondió: “que ambos tienen un rol coherente y armónico para ayudar a que se cumplan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a que puedan guiarlos en sus vidas y a educarlos en todo sentido, y por lo tanto no se contraponen en absoluto”.

Otras exposiciones de enmiendas

A través de vía telemática desde la Novena Región, la microempresaria y miembro de la agrupación Mujeres por la Araucanía Cecilia Jara valoró que existan enmiendas que proponen crear tribunales para investigar de manera específica los actos de terrorismo, y además que se indemnice a las víctimas. Asimismo, hizo un relato de los hechos de violencia que ella ha vivido en la macrozona sur, perdiendo más de 70 millones de pesos producto de que sus maquinarias de trabajo fueron quemadas.

“El Estado no está cumpliendo su función en darnos seguridad y protección a cada uno de sus habitantes, e incluso es más nos sentimos desamparados. Para salir de esta crisis creo que se debe hacer justicia, poner mano dura, que los tribunales se motiven a encontrar a los terroristas y que no queden sin resolver las causas. Nosotros diariamente estamos en peligro”, subrayó Jara.

Por su parte, el consejero Yerko Ljubetic (CS) se refirió a la enmienda sobre el Estado Social y Democrático que propuso el Partido Republicano. “Cuando se analizan estas normas sobre varios derechos, como por ejemplo la salud y la previsión, establecen elementos que son propios de su plataforma programática -que puede ser muy legitimo- pero que tienen un problema constitucional muy grave que es que mutila la posibilidad que en el debate político y democrático futuro puedan ver otros planteamientos que se impongan en virtud de nuevas mayorías democráticas”, sostuvo.

El consejero Luis Silva (PRep) respondió que “siempre existe la posibilidad de reformar la Constitución, y por lo tanto no hay ninguna enmienda que clausure el debate democrático a futuro (…) todas pueden discutirse”.

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