Debaten creación de Defensoría de las Víctimas, Consejo Consultivo y Fiscalías de Alta Complejidad
La creación de una Fiscalía de Alta Complejidad, otra de Asuntos Internos, además de un Consejo Consultivo que asesore al Fiscal Nacional, junto al establecimiento de una Defensoría de las Víctimas, fueron algunas de las propuestas debatidas por la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, al abordar las enmiendas ingresadas al texto del anteproyecto relativas al Capítulo IX: Ministerio Público.
Fiscalía de Alta Complejidad
El Art.172, del anteproyecto de la Comisión Experta, establece que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía Nacional que dirigirá su trabajo a través de Fiscalías Regionales. Las Fiscalías Regionales organizarán su trabajo a través de fiscalías locales. A su vez, existirá una Fiscalía de Alta Complejidad y una Fiscalía de Asuntos Internos dentro de la estructura orgánica del Ministerio Público. Existirá un Consejo Consultivo del Ministerio Público y un Consejo General del Ministerio Público.
Al respecto, la enmienda de la bancada republicana propone sustituir el inciso tercero por: “A su vez, existirá una Fiscalía de Crimen Organizado dentro de la estructura orgánica del Ministerio Público”. En tanto, la indicación de la bancada RN-Evópoli busca intercalar en su inciso tercero la expresión: “Supraterritorial” luego de “Alta Complejidad”.
Para la Consejera Lorena Gallardo (Independiente – RN), la propuesta busca estregar las herramientas necesarias a la Fiscalía, para enfrentar el surgimiento de un mayor grado de «especialización» en el crimen organizado.
De igual forma, el anteproyecto en su Art.176 indica que: “Existirá una Fiscalía de Alta Complejidad con competencia a nivel nacional, a la cual le corresponderá el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público, en delitos de mayor complejidad. La organización de la Fiscalía de Alta Complejidad y los delitos que esta persiga serán determinados por el Fiscal Nacional, de acuerdo a la ley institucional, habiendo oído previamente al Consejo Consultivo”.
Supraterritorialidad
La enmienda de la bancada RN-Evópoli propone sustituir su inciso primero por: “Existirá una Fiscalía de Alta Complejidad Supraterritorial (sumando) especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, con competencia a nivel nacional. Su organización será establecida por la ley institucional, y los delitos que esta persiga serán determinados por el Fiscal Nacional, habiendo oído previamente al Consejo Consultivo”.
Por su parte, la bancada republicana propone agregar en el inciso 1 del Art.176 la frase: “en delitos de mayor complejidad” la frase “y perseguirá e investigará, entre otros, los delitos terroristas, de trata de personas y narcotráfico”.
Para el Consejero Alejandro Köhler (Independiente – PS), existen en este capítulo, un «espacio para definir conceptos de unidad de propósito», para alcanzar acuerdos.
Fiscalía de Asuntos Internos
El Artículo 177 indica que: “Existirá una Fiscalía de Asuntos Internos, a la que le corresponderá el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público, en los hechos constitutivos de delito en que tuvieren participación el Fiscal Nacional, los fiscales regionales, los fiscales adjuntos y los demás funcionarios del Ministerio Público, en los casos y en las condiciones establecidas en la ley institucional”.
“Estará a cargo de un Fiscal de Asuntos Internos que durará seis años en el ejercicio de sus funciones y una vez cesado en su cargo, no podrá, en caso alguno, ser nombrado, a cualquier título, como fiscal o funcionario del Ministerio Público. Esta prohibición se extenderá por un plazo de dos años, contado desde que hubiere cesado en sus funciones».
El ante proyecto, además, indica que: “El Fiscal de Asuntos Internos será nombrado por la Corte Suprema, a propuesta de una terna elaborada mediante un sistema de concurso público establecido en la ley institucional. Las inhabilidades del Fiscal de Asuntos Internos se regirán por las reglas establecidas para los fiscales regionales”.
Frente a la propuesta, la enmienda de la bancada republicana busca eliminar el Art.177. Al respecto el Comisionado Antonio Barchiesi, explico los alcances de la iniciativa que pretende asignar la investigación de los posibles delitos de funcionarios del Ministerio Público, a la Fiscalía de Alta Complejidad y no crear «una Fiscalía, dentro de la propia Fiscalía para investigar 15 o 20 casos al año».
Consejo Consultivo
El anteproyecto establece en su Art.180 que: “Existirá un Consejo Consultivo del Ministerio Público presidido por el Fiscal Nacional, cuya función será asesorarlo y que estará integrado por: El Ministro a cargo de la seguridad pública o quien este designe, el General Director de Carabineros de Chile, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, el Director Nacional de Gendarmería de Chile, dos académicos universitarios con reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional, escogidos mediante un sistema de concurso público establecido en la ley institucional».
Al respecto, la bancada “Unidad para Chile”, propone -entre otros aspectos-, sumar a la integración de dicho consejo: “Una persona designada por el Ministerio de Justicia, otra por el Ministerio de la Mujer y equidad de género y otra por el Ministerio encargado de la Seguridad Pública”.
Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas
El anteproyecto establece la creación de un Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, cuyo principal objetivo será entregar asesoría jurídica, además de asistencia psicológica y social a quienes hayan sufrido algún tipo de delito.
La bancada RN-Evópoli propone sustituir dicho epígrafe: Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, reemplazándolo por un nuevo capítulo a continuación del Capítulo IX, de nombre: “Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas”, con el siguiente contenido:
“El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas”. Órgano autónomo, público, descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente, dotado de personalidad jurídica y con patrimonio propio. Estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del ministerio que tenga a su cargo las relaciones con el Poder Judicial.
“Tendrá por objeto garantizar el acceso a la justicia en conformidad a las garantías consagradas en esta Constitución y promover el conocimiento por parte de las personas acerca de sus derechos”, establece la propuesta constitucional.
Junto con valorar la propuesta, la comisionada Paz Anastasiadis, expuso la importancia del «acceso a la justicia, vinculado al Estado en su conjunto».
Una ley institucional determinará su organización, funcionamiento y competencias.
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