Buscan que el Estado reconozca valor económico y social del trabajo de cuidado y doméstico no remunerado

Por no alcanzar 14 votos de apoyo, el pleno de la Comisión Experta rechazó la norma que proponía que “el Estado reconoce el valor económico y social del trabajo de cuidado y doméstico no remunerado, debiendo promover la responsabilidad social del cuidado y la corresponsabilidad al interior de las familias”.

La iniciativa de las comisionadas Magaly Fuenzalida, Alejandra Krauss, Catalina Lagos, Domingo Lovera, Flavio Quezada, Antonia Rivas, Leslie Sánchez y Verónica Undurraga, fue repuesta para su discusión, en la idea de incorporar un artículo más, en este caso, el 16 bis y que se votara en el pleno del martes, destinado a aprobar las normas que componen el Capítulo 1 del anteproyecto.

“Me parece lamentable que no haya prosperado esta iniciativa, ya que los trabajos domésticos y de cuidados son, justamente, uno de los elementos fundamentales que permite el funcionamiento de la sociedad, pero –paradojalmente- está por completo invisibilizado, en buena medida, porque ese trabajo es realizado de manera mayoritaria por mujeres”, expuso el comisionado Alexis Cortés, principal impulsor de la iniciativa.

Y aunque la enmienda no prosperó, Cortés detalló que se busca como primer paso el reconocimiento de estos trabajos, a lo que se suma lo que ha sido el espíritu del anteproyecto, dejando en manos del legislador democrático la posibilidad de traducir eso en normativas que signifiquen el acceso a otros derechos sociales, por ejemplo, en seguridad social. El comisionado añadió que “espero que esta iniciativa, no sólo sea retomada en el Consejo Constitucional, sino que la sociedad, por medio de las iniciativas populares (proceso participación ciudadana), pueda recogerla y transformarla en una demanda de amplio apoyo”.

A su turno, el comisionado Jaime Arancibia, junto con valorar la iniciativa, expuso que “en materia de rechazo de normas, siempre hay que tener presente, que muchas veces el que las rechaza, no significa que esté en contra de lo que busca la norma. Muchas veces se rechazan, porque la expresión normativa y la redacción de la norma, no han quedado en términos suficientemente claros”.

Arancibia aseguró que “quién podría oponerse al cuidado y a su reconocimiento en la constitución, pero parece que –normalmente- el cuidado obedece también a expresiones de afecto, de cariño en el seno de la familia y lo que estaba procurando esta norma, en primer lugar, era reconocer su valor económico. Yo no estoy a favor de monetizar o de asumir una interpretación meramente patrimonial o económica del cuidado que se brinda a los seres queridos al interior de la familia”.

“Una norma que hubiese aludido simplemente a la necesidad del cuidado y a su valor social, habría contado con mi apoyo”, enfatizó Arancibia.

Por su parte, la comisionada Catalina Lagos, indicó que se trata de la labor que sostiene la vida en sociedad. No hay vida económica, no hay vida laboral, sin alguien que se haga cargo del cuidado de los niños, de las personas enfermas y adultos mayores”.

“Nos parecía muy relevante que existiera un reconocimiento constitucional de esa labor que se realiza de manera no remunerada. Diversos estudios han señalado que si calculáramos el aporte que hace ese trabajo al Producto Interno Bruto, equivaldría a un 22% del PIB, superaría con creces a la mayoría de los ámbitos productivos del país”, detalló Lagos.

En el ámbito internacional, la comisionada indicó que “hay varias constituciones que reconocen la labor del trabajo doméstico y de cuidado. A nivel latinoamericano, hay algunas constituciones que lo vinculan a la previsión social, donde se asegura a las personas que realizan ese trabajo, después poder tener una jubilación”.

Lagos indicó que se trata de una demanda “muy sentida” de la sociedad civil que, mediante los procesos participativos en curso, será una de las demandas que se pondrá sobre la mesa para su discusión.

• Vea aquí las declaraciones de la comisionada Catalina Lagos

En tanto, la comisionada Magaly Fuenzalida indicó que “esperamos que, en esta segunda etapa con el Consejo Constitucional, pueda ser considerado. Vamos a insistir, ya que creemos que es de toda justicia. Si hay algo que nos enseñó la pandemia, es la importancia de la labor de cuidado y cuantas mujeres, principalmente, deben abandonar su trabajo o labor profesional, por cuidar hijos que no tenían clases, enfermos, personas en discapacidad o adultos mayores”.

“No buscamos un sueldo, como se ha querido decir, sino que dejar un mandato al legislador para que de manera progresiva se puedan ir estableciendo beneficios sociales”, recalcó Fuenzalida.